En su intervención en el encuentro informativo organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, Montero urgió a fijar un debate serio y profundo sobre financiación, que permita "llevar al pacto sobre el sistema los principios básicos de la Constitución" y denunció la actual paralización de la reforma de la financiación, que, a su juicio, pone en riesgo el Estado del Bienestar.

En relación a la situación actual de la financiación autonómica, Montero reiteró la necesidad de que el Gobierno de España "mueva ficha y cumpla con su obligación" de establecer un nuevo sistema de financiación justo para que sea efectiva la igualdad entre los ciudadanos.

Según la consejera, el reto está en ser capaces de "blindar lo que realmente constituye el núcleo de nuestro modelo de sociedad, si no queremos retroceder décadas de progreso". Y destacó: "lo importante es colaborar para que no se resienta el Estado de Bienestar".

Además, en su intervención, Montero abogó por desmontar los "falsos mitos" que se utilizan como "coartada para convertir los ajustes económicos en ajustes ideológicos con los que desmantelar el Estado del Bienestar y, de su mano, el Estado de las Autonomías". "Lejos de ser el problema, las comunidades son parte de la solución" explicó la consejera, quien destacó que "son las administraciones autonómicas las que han soportado la mayor parte del ajuste y, además, han asumido casi la totalidad de las competencias de los servicios públicos que conforman el Estado de Bienestar, pese a no disponer de recursos suficientes para su financiación".

EL CASO DE ANDALUCÍA

La consejera de Hacienda y Administración Pública se ha referido a Andalucía reiterando el perjuicio de la aplicación del actual modelo de financiación, sobre lo que recordó que, "de haberse situado en la media de financiación por habitante, la comunidad habría recibido 3.400 millones de euros más entre 2009 y 2012".

Montero acusó al gobierno central de mantener "privilegios entre regiones", una crítica con la que, según ella, coinciden otras regiones y estudios e informes independientes. Para apoyar esta acusación se refirió a la agencia de calificación Standard & Poor`s que proponía que Andalucía debería ser compensada con 1.362 millones de euros anuales.

En esta misma línea, denunció la "incorrecta" aplicación de los fondos de convergencia, que en lugar de reducir diferencias en la financiación entre las comunidades "alejan a Andalucía aún más de la media". "De ahí que Andalucía se vea obligada a devolver 426 millones de euros cuando otras comunidades van a ingresar como Cataluña, Valencia o Madrid", concluyó Montero.