La iniciativa, que se debatirá en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, insta al Ejecutivo "a regular la asimilación directa de las situaciones de dependencia oficialmente valoradas a la situación de discapacidad, al menos en su grado mínimo del 33 por 100".

Y es que, según explica CiU en la exposición de motivos de su propuesta, "con arreglo a nuestro Derecho positivo, una persona a la que se le haya reconocido una discapacidad no es automáticamente definible como persona en situación de dependencia, pero no hay ninguna duda que el que tenga esta última calificación es reconocible de forma automática como persona con discapacidad, al menos en un grado mínimo"

Del razonamiento anterior se desprende, prosigue el Grupo Catalán, "por razones técnicas, sociales, económicas y de simplificación administrativa, la conveniencia de asimilar al grado mínimo de discapacidad (33%) a las personas que hayan sido valoradas como en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados, y con independencia de que sea efectivo o no el derecho a prestaciones".

Y si la persona dependiente mejora y deja de serlo, aclara Convergència y Unió, dejaría, automáticamente también, de tener el reconocimiento de persona con discapacidad.

Finalmente, CiU señala que su propuesta supondría "un ahorro de recursos y la eliminación de trámites y cargas administrativas al ciudadano". Según concluye el texto, la asimilación del grado de dependencia al de discapacidad evitaría "que las personas con una valoración reconocida de dependencia, que han pasado por un proceso exhaustivo de entrevistas y exámenes, se ahorren, si desean obtener un reconocimiento de la discapacidad, acudir a otro procedimiento, que se desarrolla en otro organismo, abonar una tasa, en ocasiones, y esperar, frecuentemente mucho tiempo, para que el mismo concluya".