En rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el texto “clarifica los procedimientos para establecer deslindes”, mejora la transparencia en la gestión de la costa y aclara los criterios que rigen sus distintos usos.

Logra “un equilibrio” entre la protección medioambiental de la costa y el impulso de la actividad económica y la creación de empleo, afirmó, y obliga a que los bienes de dominio público marítimo-terrestre sean inscritos en el Registro de la Propiedad.

En este sentido, se deberá ofrecer información gratuita a los ciudadanos sobre las líneas de deslinde a través de Internet, agregó.

El Real Decreto prohíbe la construcción de nuevas edificaciones y de cualquier obra que suponga ampliación de altura o volumen de las ya existentes, y distingue entre tramos naturales y urbanos en las playas.

Los primeros gozarán de una alta protección (se restringirá la ocupación), y en los segundos se garantiza una “adecuada” prestación de servicios.

Asimismo, detalla los requisitos que han de cumplir los distintos eventos para autorizar su celebración en playas urbanas, y “clarifica” los criterios que rigen las concesiones.

Se establecen tres supuestos distintos en función de las instalaciones y de su volumen de negocio, con plazos de 75, 50 y 30 años.

Según Medio Ambiente, estos nuevos criterios pueden asegurar la continuidad de unos 1.000 hoteles construidos de forma legal, que podrán llevar a cabo reformas; ordena la situación de unos 3.000 chiringuitos, y garantiza la viabilidad de más de 1.600 empresas e industrias, condenadas cerrar en 2018.

Finalmente, se da seguridad jurídica a unas 13.000 viviendas construidas en la costa, cuyas concesiones se podrán prorrogar.