Amnistía ha documentado casos de personas que tienen este tipo de discapacidad y que esperan la ejecución o han sido ejecutadas ya en países como Japón, Pakistán o Estados Unidos, y advierte de que "a menos que estos países reformen urgentemente sus sistemas de justicia penal, muchas más personas seguirán en peligro".

"Las normas internacionales sobre la discapacidad mental e intelectual son una importante salvaguardia para las personas vulnerables. No pretenden disculpar crímenes atroces, sino que establecen parámetros para el tipo de pena que se puede imponer", manifestó Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.

LA ONG recuerda que se opone "a la pena de muerte en todas las circunstancias, por considerarla el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante". "No obstante", añade, "en los países que aún llevan a cabo ejecuciones, y mientras se produce la abolición final, deben respetarse y aplicarse las normas internacionales, incluidas las que prohíben el uso de la pena capital contra ciertos grupos vulnerables".

Desde esta perspectiva, para el Día Mundial contra la Pena de Muerte de este año Amnistía Internacional y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte han puesto el foco en la pena capital y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.

"Las normas internacionales establecen claramente que quienes sufren discapacidad mental e intelectual no deben enfrentarse a la pena máxima. Sin embargo, en muchos casos esa discapacidad no se identifica durante los procedimientos penales", manifestó Gaughran.

En opinión de AI, los países que siguen llevando a cabo ejecuciones "deben garantizar que existen recursos para realizar evaluaciones independientes y rigurosas a todas las personas que se enfrentan a la pena de muerte, desde el momento en que son acusadas y después de que se dicte la sentencia".

En cualquier caso, la organización no gubernamental insta a los gobiernos de todos los países que aún recurren a la pena de muerte "a dictar de inmediato una suspensión de las ejecuciones, como primer paso hacia la abolición".