En declaraciones a Servimedia, Yáñez llamó la atención sobre el hecho de que "el poder público se siente capacitado para intervenir en el sector privado hasta el punto de decidir en qué lengua debe expresarse el ciudadano". "No sólo interviene en campos como la educación o la comunicación con la Administración", subrayó, "sino que es incluso en el ámbito privado en el que se está imponiendo la lengua".

El presidente de Libertad Lingüística, una asociación que se presentó la semana pasada con la intención de tratar las "imposiciones" en este ámbito como un problema nacional, contrapuso el modelo "más racional" del Gobierno de Jordi Pujol de "incentivar la rotulación en catalán" al "sistema" de José Montilla, "que le da la vuelta a la tortilla y se basa en la coacción, la persecución, la multa y la sanción", y a su juicio "está llevando a la asfixia a la sociedad civil".

Yáñez admite que, en el sector público, "atender en catalán es un requisito normal cuando una lengua normal es el catalán", aunque denunció que "no se tiene el mismo comportamiento" con la otra lengua oficial, el castellano. Otro tanto ocurriría con la posibilidad de estudiar en catalán.

"El problema", puntualizó, "es el momento en que se vulnera la libertad del padre para educar a su hijo en la lengua vehicular que considere oportuno, la del comerciante para rotular en la lengua oficial que considera oportuno o del individuo que quiere ir al cine a ver una película en la lengua oficial que considere oportuna. El respeto a la legalidad tiene que ser permitir al ciudadano expresarse en cualquier ámbito en cualquiera de las dos lenguas cooficiales".