Catalá se refirió a este asunto en el pleno de la Cámara Baja, donde el diputado del PNV Emilio Olabarria le preguntó sobre si mantendrá la Ley de Tasas vigente, que aprobó el anterior ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

A este respecto, el nuevo responsable de Justicia dijo que entre 2002 y 2004 ya se introdujeron las primeras tasas en el ámbito mercantil y sostuvo que está “convencido” de que esta aportación ciudadana al funcionamiento de los tribunales debe mantenerse, puesto que “es una contribución por un usuario cualificado que hace un uso de la función jurisdiccional”.

No obstante, señaló que “hay que evaluar como está funcionando” el sistema de tasas actual y obtener “datos reales” del impacto de esta legislación. El ministro añadió que tiene intención de hablar con los partidos políticos y los operadores jurídicos sobre este asunto.

UN “FRAUDE”

Aunque recordó que de los más de ocho millones de asuntos judiciales anuales sólo el 17% están sometidos a tasas, dijo que hay que valorar el impacto de las tasas en la primera y segunda instancia, así como en los procesos civiles y administrativos.

Por su parte, Olabarria dijo que es notorio que hay que mejorar la Ley de Tasas y sostuvo que su creación y aplicación ha sido un “fraude” para los ciudadanos y para Administraciones como las comunidades autónomas.

El parlamentario nacionalista argumentó que “ni un solo euro” de las tasas ha llegado a la justicia gratuita, como dijo que prometió Gallardón. Además, este diputado sostuvo que con el pago de las tasas “se ha vaciado de contenido la tutela judicial efectiva”, en el sentido de que hay ciudadanos que han dejado de poder acceder a los tribunales al no poder pagar el dinero que se les exigía.