Durante el debate, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán explicó que el objetivo es garantizar el principio de “un hombre, un voto”, y que la ley traduzca los votos en representantes de la mejor forma posible, así como preservar también el pluralismo político.

Para ello, la iniciativa abogaba por introducir un “método biproporcional”, consistente en “hallar primero los escaños que corresponden a cada circunscripción, que continúan siendo las provincias”, a las que se asigna un escaño inicial, y el resto de forma proporcional a sus poblaciones mediante el método Sainte-Leagüe.

En su intervención, Gorriarán quiso anticiparse a “falacias argumentales previsibles” de los demás grupos, y reconoció que UPyD sería beneficiada por esa reforma, “pero esa no es la cuesión”, ya que en democracia corregir una discriminación a un determinado sujeto jurídico beneficia al conjunto del sistema.

Otra de esas “falacias” es que los parlamentarios no representan solo a los ciudadanos sino también a los territorios, ya que estos últimos “no son sujetos políticos ni titulares de derechos”.

Respondió finalmente a quienes creen que la estabilidad es prioritaria, y dijo que su grupo también la tiene “muy en cuenta”, por lo que propone introducir una “prima razonable” al partido ganador de las elecciones para garantizar la gobernabilidad, pero no a costa de la representatividad.

El diputado del PP Juan Carlos Vera aseguró que una reforma de ese tipo, que implica un “cambio sustancial del sistema electoral en su conjunto”, no parece estar entre las prioridades de los ciudadanos.

Subrayó que el sistema vigente permite la representatividad de la voluntad de los ciudadanos y es imparcial en cuanto que permite el acceso al gobierno de partidos de diferente signo, y alertó además a UPyD de que la proporcionalidad “no es la quintaesencia de la democracia”.

El socialista Ignacio Sánchez Amor tildó la iniciativa de “inoportuna”, y recordó “la bronca” que UPyD echó recientemente al ministro Cristóbal Montoro por defender una reforma electoral municipal menos de un año antes de las elecciones y sin consenso, “justo” lo que ahora propone su grupo.

Destacó que con esa reforma perderían diputados veinte provincias, y aseguró que el sistema electoral le parece “muy mejorable” pero no en esos términos.

Tampoco CiU respaldó la toma en consideración de la iniciativa, y su portavoz Jordi Xuclà sacó a colación durante el debate la querella “basada en infundios” que UPyD pretende presentar contra un presidente de la Generalitat de Catlauña “elegido democráticamente”.

El peneuvista Aitor Esteban se refirió a este asunto como el “raca-raca particular” de UPyD, y tildó la iniciativa de “sorprendente, por no utilizar un calificativo más grueso”.

Solo el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, y Joan Josep Nuet en nombre de Izquierda Unida respaldaron la toma en consideración de esta proposición de ley.

Nuet precisó que respaldaba la toma en consideración para abrir el debate sobre una reforma que considera necesaria, aunque solo sea para que los favorecidos por una legislación “injusta” sientan en su conciencia los argumentos esgrimidos.