C. Valenciana. El Consell pedirá a Zapatero el traspaso de competencias para garantizar el futuro de los chiringuitos

- Calcula que la restricción que hace el Ministerio conllevaría la pérdida de 5.000 puestos de trabajo y de 500 millones de euros

MADRID/VALENCIA
SERVIMEDIA

El consejero valenciano de Gobernación, Serafín Castellano, anunció hoy que, en la reunión que mantendrá mañana en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, pedirá al Gobierno central “soluciones definitivas, estables y sólidas para garantizar el futuro de los chiringuitos", en concreto, que se transfieran las competencias de autorización y concesión de estos locales a la Generalitat y que no hayan más cierres hasta que no se solvente la situación.

Castellano, tras reunirse con representantes del sector hostelero y de los ayuntamientos afectados por la restricción de la Ley de Costas que pretende aplicar el Ministerio, manifestó que el objetivo del encuentro de mañana “no es otro que hacer que en el Gobierno central se escuche la voz no sólo de la Generalitat, sino de todo el sector de la hostelería de la Comunidad, que es una misma voz”.

Por ello, explicó que la predisposición de la Generalitat ante la reunión de mañana es la del consenso y el diálogo para alcanzar un acuerdo pero "desde la defensa firme de firme de la superciencia de estos locales y de defensa de los intereses del sector hostelero y de ocio que suponen estos locales para la Comunidad”, añadió Castellano.

El titular de Gobernación explicó que la Generalitat y el sector hostelero no quieren “soluciones temporales y de parcheo", sino "estables y sólidas", y por ello, dijo, "vamos a solicitar que la moratoria sea para todos los locales afectados y haya una solución definitiva: que se transfieran las competencias de autorización y concesión de estos locales a la Generalitat, y que hasta que la situación no se solvente que no existan más comunicaciones de cierres ni de derribos para ningún local de la Comunidad".

Castellano manifestó la voluntad del Consell de alcanzar a través del diálogo un acuerdo con el Ministerio que garantice la pervivencia de los locales y actividades ubicados en zona marítimo terrestre, sin descartar, si es necesario la modificación de la Ley de Costas.

El consejero recordó que la aplicación de la Ley que pretende hacer el Ministerio afectaría a medio y largo plazo a 500 empresas afectadas y supondría perdidas de 5.000 puestos de trabajo y 500 millones de euros.

En este sentido, el consejero de Gobernación insistió en que estas cifras ponen de manifiesto que “estamos hablando de una cuestión muy importante que afecta a un sector fundamental para la Comunidad como es el turístico”.

(SERVIMEDIA)
20 Ene 2010
CDM/jrv