Y no se trata sólo de una afirmación, es una reclamación en toda regla a la clase política del país y se les pide que “actúen inmediatamente” porque “la accesibilidad universal no es algo más del día a día” sino una “asignatura pendiente” que hay que “resolver”. “Queda mucho por hacer”, insiste Pérez Bueno, “para evitar la violación sistemática y estructural de los derechos humanos de las personas con discapacidad”.

Es precisamente desde esta tesitura y ante la necesidad de generar “una conciencia de denuncia” en la sociedad y entre las personas con discapacidad y sus familias, desde la que el Cermi decidió crear un informe bajo el título de ‘100 denuncias 100’, que ha puesto a disposición del usuario en este enlace, y que recoge, como el propio nombre indica, cien denuncias en las que han sido violados los derechos de las personas con discapacidad por ausencia de accesibilidad universal.

Los casos son contados en primera persona por cada uno de los afectados y han sido clasificadas en el trabajo, lo más equitativamente posible, por Comunidades Autónomas y representando todos los ámbitos concernientes a la accesibilidad universal.

Por supuesto, confirma el presidente del Cermi, “habría muchas más, pero nuestro esfuerzo, que es mucho, y nuestra voluntad no podrían recoger todo ese libro negro de todas esas situaciones completas y exhaustivas de discriminación por razón de discapacidad, que ocurren a diario y, a veces, por mucho tiempo en nuestro país”.

Es por ello que, según justifica el representante de la entidad, “hemos ido a lo simbólico, a coger la parte por el todo, y mostrar una parte significativa que nos diera una visión global para que el lector, quizás no demasiado versado, no reduzca la accesibilidad a cuestiones urbanísticas y arquitectónicas”.

De hecho, la accesibilidad “va mucho más allá”, según apunta Pérez Bueno, y abarca a “los ámbitos tecnológicos, digitales, de comunicación, transporte o acceso a la información” y es por eso que ‘100 denuncias 100’ quiere representar “una accesibilidad, haciendo honor a su nombre, de todos, en todos los ámbitos y para todas las personas”, matiza.

DERECHOS VULNERADOS

María Salmerón tiene ocho años y “es muy lista”, advierte su madre, Mª Carmen Guillermo Hervás, “pero sus derechos han sido vulnerados” y, por ello, es una de las denuncias que se recogen en ‘100 denuncias 100’. Ha sido operada cinco veces del oído derecho, pero “no le ha funcionado y, como oye muy poco, mi hija necesita la lengua de signos para comunicarse”, explica la progenitora de la niña.

Ella es una de las madres de varios alumnos sordos del Colegio Santa María de Gracia de Murcia, centro educativo contra el que la madre de María Salmerón levanta su queja en protesta por la inaccesibilidad que su hija encuentra para seguir una educación básica a la que tiene derecho.

Irónicamente, la pequeña María estudia en este colegio en que resulta que está implantado el ‘Proyecto ABC de integración de alumnos con deficiencia auditiva’. El proyecto, según se expone en el informe ‘100 denuncias 100’, consiste en la incorporación en las clases en las que haya integrados niños sordos, de una especialista en Audición y Lenguaje con amplios conocimientos de lengua de signos y experiencia en la educación de niños sordos.

Esta especialista, en teoría, atiende a estos alumnos y también participa de la dinámica de la clase, colaborando con el tutor o tutora de la misma y compartiendo responsabilidades. Así mismo, funciona un aula abierta de sordos que atiende a alumnos con alguna discapacidad asociada a la sordera.

Lo fundamental, según se insiste en el ‘100 denuncias 100’, es destacar que “no existen suficientes equipo FM de apoyo para los niños sordos y tampoco intérprete de lengua de signos en todas las asignaturas” del colegio Santa María de Gracia.

Estos elementos, subraya el documento que recoge la denuncia de los progenitores de los niños afectados, “son fundamentales para propiciar un correcto desarrollo de los niños sordos generando su plena integración desde edades tempranas y accediendo a una educación normalizada como cualquier otro alumno”.

“María debería de tener profesores bilingües en castellano y lengua de signos o bien tener un intérprete todas las horas para que ella pueda seguir todas las asignaturas. Y no lo tiene. Tiene intérprete en algunas, pero su profesora no interpreta lengua de signos ni ella tiene un apoyo todo el día”, reclama Mª Carmen Guillermo a ‘Cermi.es semanal’. “Hay personas a quien les funciona el implante muy bien y resulta que la mayoría de niños escuchan, pero algunos como mi hija, no.

El problema aquí es que como a la mayoría les funcionan bien los implantes cocleares, a los que no, como a María, se les discrimina porque son una minoría los niños que no consiguen entender ni hablar”, denuncia la madre. “Esta minoría va siendo menos importante y cada vez hay menos gente preparada, menos intérpretes y menos ayuda. El niño que no oye, por mucho que quiera hablar, va a necesitar de una lengua de signos que, para mi gusto, está desapareciendo”, lamenta Guillermo Hervás.

Varias son las normas que vulnera este caso de María y los otros niños sordos que “supuestamente” acuden al centro murciano señalado a “aprender”. Entre ellas la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, o la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que establece principios sobre la accesibilidad universal de los centros educativos.

“Hasta ahora la niña, que era pequeña, quizás podía pasar con un poco menos de apoyo. Pero justo ahora que está creciendo y notamos que realmente necesita apoyo por su discapacidad, es cuando parece que les están reduciendo las horas a los intérpretes que tenemos en el colegio, que cada vez tienen menos horas de trabajo allí. Necesitamos urgentemente intérpretes”, arremete la madre de María Salmerón.

En este caso, también se vulnera el derecho a la educación eficaz con todas las garantías que se recoge en el artículo 24 de la ‘Convención sobre Derechos de las Personas Discapacitadas’. En él se reconoce lo imprescindible de dotar de todos los recursos necesarios a los centros educativos que acojan programas especiales para alumnado sordo para ofrecer la mejor calidad de la enseñanza para estos niños.

En este sentido, insiste ‘100 denuncias 100’ en que “la educación tiene un papel fundamental” porque ser “la mejor herramienta para romper la desigualdad social en nuestras sociedades” y subraya que la denuncia de Mª Carmen Guillermo por el caso de

su hija María es “otro ejemplo de cómo la accesibilidad universal en entornos, productos, bienes y servicios no es un fin en sí mismo sino la llave que da acceso al disfrute de otra serie de derechos, en la mayoría de los casos clave, para conseguir la igualdad plena de las personas con discapacidad en nuestras sociedades”.

Y es que “hace falta denunciarlo”, anima la progenitora de la niña con discapacidad discriminada, “porque los pobres que no oyen absolutamente nada, se nos están quedando atrás”. “Y no es justo porque esos niños tienen unas capacidades intelectuales muy aceptables”, alumbra la madre de la niña.

DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD

La situación de discriminación por discapacidad de Sara Hoyo Sanz ocurre en Madrid, 2011, a la entrada de uno de los hipermercados de la cadena Carrefour, concretamente, por qué no sonrojarles, sito en la calle de Las Suertes s/n de Madrid. Y es una de las denuncias entresacadas de ‘100 denuncias 100’.

Sara es ciega y acudió al mencionado comercio, aquella fatídica jornada, con su perro guía y su marido con la intención de realizar la compra semanal de su casa. Contaba hace unos días la propia denunciante al programa ‘Gestiona Social’ de Gestiona Radio, coincidiendo justamente con la presentación del informe ‘100 denuncias 100’, que al ir a entrar a este Carrefour “las personas de seguridad me vieron con mi perra y me impidieron el paso alegando que el perro no llevaba el chaleco amarillo.

Me pidieron primero la tarjeta de identificación del perro, que yo, en aquel momento, tenía extraviada y en proceso de tramitación”, confiesa Sara Hoyo. “Les expliqué que podía identificar al perro con la placa y con el símbolo que tienen en el arnés y, además, les advertí con paciencia, porque tuvieron muy malos modos desde el principio, que el chaleco amarillo se lleva cuando el perro guía está aprendiendo y que la perra ya era un perro guía al uso, de hecho, tiene cinco años y llevamos juntas cuatro y pico conmigo”, señala. “También les expuse que el perro guía no tiene que llevar su chaleco amarillo sino su arnés y su símbolo homologado. Pero me impidieron entrar de todos modos y no atendían a razones”, volvía a recordar Sara con impotencia a la emisora.

Según el relato de Sara Hoyo, en ese punto del altercado, pidió hablar con alguna persona encargada y no consintieron en llamar a nadie. Es más, “quise poner una reclamación y tampoco quisieron identificarse los vigilantes. Al final tuve, que llamar a la Policía Municipal, aunque nunca jamás en mi vida había tenido que llegar a ese extremo”, continúa la ciudadana.

“La policía llegó y dijo que tampoco estaban bien informados de la normativa y no quisieron llamar a la otra persona de seguridad que yo solicitaba. Así que estábamos en las mismas y me dijeron que me tenía que aguantar, que no podía entrar. Pero, finalmente, llamaron a la central y se informaron de que no pueden obligarte ni a enseñar el carnet, que, como comentaba, lo tenía en trámites por extravío, y me tenían que dejar entrar. Pero me tuvieron una hora en la entrada”, concluye Sara Hoyo.

Esta mujer ciega reconoce también que la habían impedido el paso en algún que otro supermercado, pero que en poco tiempo, siempre se había resuelto la situación hablando con el encargado. “También en un autobús me pasó algo similar. Me tuve que bajar porque el conductor se puso a gritar y la gente estaba muy nerviosa y me bajé para evitar un altercado. Y pasa cierta frecuencia en bares y restaurantes, pero a ellos les digo siempre que con mi dinero me voy al de al lado. Lo que pasa es que si es cierto que si vas con otras personas te sientes mal porque también se les afecta a ellos”, lamenta Hoyo.

En ‘100 denuncias 100’ se recrimina que, en estos y otros muchos similares, una de las argumentaciones, propias del desconocimiento y la falta de sensibilidad hacia el mundo de la discapacidad, es que si la usuaria ya iba acompañada de una persona, en este caso su marido, no era necesario que entrara el perro guía. En muchos casos “vemos como se produce el incumplimiento de la normativa de accesibilidad universal en muchos ámbitos, la mayoría no por una cuestión de mala fe, sino por el puro desconocimiento de los preceptos legales”, recuerda el texto.

Para el Cermi, el caso de Sara es otra situación de discriminación y socavación de derechos, más allá de las actitudes individuales de los encargados de la seguridad del centro, reprobables en todo caso desde un punto de vista ético y de sentido común a la hora de solucionar el problema, que pone de manifiesto el total desconocimiento que se tiene, incluso por parte de autoridades municipales, de la legislación en cuanto a la normativa de accesibilidad, en este caso relativa al acceso a perros guía a lugares de concurrencia pública.

BARRERAS

El último caso que entresacamos de ‘100 denuncias 100’ es el de Rafael Jiménez, un joven de 20 años que ha abandonado los estudios como consecuencia de las barreras que encontró el año pasado mientras cursaba 1º de Bachillerato en el Instituto Benjamín de Tudela (Navarra). “Rafael”, cuenta su padre, también de nombre Rafael Jiménez como el propio joven afectado, “tiene una discapacidad física, va en silla de ruedas, no puede caminar y tiene movilidad reducida en la mano derecha. Precisamente, es lo que le permite manejar el ordenador, a su manera”, describe.

Sin embargo, a pesar de esta movilidad, el padre comenta que no puede pasar las páginas de los libros por sí mismo y que por ello solicitaba los libros de texto que necesitaba al centro en el que estaba matriculado en formato PDF. “El problema surgió porque el Instituto Benjamín no se los había solicitado a la editorial, Oxford, de un curso para otro. En el instituto sí sabían qué asignaturas me disponía a cursar al siguiente año”, expone su problema Rafael Jiménez hijo, el propio damnificado.

“Hago el bachillerato partido, es decir, medio curso por año”, explica, “pero la editorial, quizás por no pedirlos a tiempo el centro, no me dio los libros ni de inglés ni de filosofía en formato PDF y, para colmo, el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (Creena) tampoco me facilitaban los materiales más adecuados como es el caso de un ordenador de más de cinco años de antigüedad cuya potencia y rapidez eran escasas y que no me renovaban”, se lamenta.

Lo que sintió Rafael Jiménez hijo en esta situación es que tanto el equipo directivo y orientativo de su instituto “se estaban riendo” de él. “Sentí impotencia y que, inevitablemente, perdería un año muy valioso para mí. De hecho, en cuanto vi que ya no me iban a poner los medios necesarios para que pudiera estudiar ese curso, perdí las ganas de ir al instituto. Me parecía una pérdida de tiempo”, comenta. La solución, según apunta el afectado, era que “las personas que tenían que proporcionarme los recursos que necesitaba hubieran hecho su trabajo correctamente desde el principio”, sentencia.

Pero a pesar de esta situación, Rafael no tira la toalla y ha confesado que seguirá estudiando “siempre y cuando” sus “necesidades sean cubiertas”. Además, este joven tiene unas inquietudes profesionales ligadas al ámbito de la creatividad. Es Dj y produce música electrónica.

“Comencé a los 16 años por hobby, pero esto ya no es solo un pasatiempo, voy a pelear por ello y, de hecho, tengo varios temas propios. Cuando voy a pinchar y veo al público gritar mi nombre es una cosa impresionante”, asegura este estudiante de 1º de Bachillerato a este medio.

No hay duda de que la petición de Rafael debía de haber sido resuelta ateniéndonos a los textos legislativos que le amparan y que están recogidos en ‘100 denuncias 100’ para su caso en particular.

Dan fe de ello, entre otros, el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que dice que “las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás” y que “corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles educativos (...)”.

Su abuela, Ana Pérez, ha querido aprovechar la ocasión también para dar su versión respecto al caso de su nieto porque es ella la que se encarga de cuidar a Rafael y la que “siempre estoy a su lado”, se justifica. Dice Pérez que no entiende cómo ha podido terminar el curso sin que su nieto hay podido tener los libros ni los medios adecuados y que tanto “el instituto de Rafael como la editorial se pasaban la pelota de uno a otro sin resolver nada”.

Además, la abuela del joven denuncia que el tema de la accesibilidad se le de tanta importancia en los medios de comunicación, pero que luego, “en realidad, en comparación a lo que se ve y se oye, en los casos particulares nos encontramos en estas circunstancias, indefensos”, manifiesta.

Sin embargo, continúa Ana muy involucrada respecto a la discriminación de su nieto, “lo que yo quiero que se sepa es que, ya cansada, le dije al crío que dijera en el instituto que eran ellos los que tenían que solucionar el problema y que si no lo íbamos a hacer público”. Y Rafael “de su propia cuenta puso una queja a raíz de la cual me llamó el director y, como no entiendo, dijo que habían hecho lo que habían podido y que aquello se quedaba allí dentro”.

Cuando llegó el nieto a casa y le contó su hazaña, la abuela le aplaudió que hubiera puesto la reclamación y le animó a pedir una copia que, por cierto, “nunca nos dieron. Debían de tener miedo que lo denunciáramos ”. Rafael nos verifica que en aquella queja “a resumidas cuentas, venía a decir que o me solucionaban el problema o íbamos a los medios de comunicación”. Bien, pues aquí queda. La denuncia de Rafael hecha pública, como la de María y la de Sara y esas restantes 97 que se recogen en ‘100 denuncias 100’. Son sólo la punta del iceberg de todos los atropellos pergeñados contra las personas con discapacidad tan sólo en cuanto a accesibilidad se refiere.

Y es que las personas con discapacidad tenemos el derecho, en igualdad de condiciones, “a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las demás, adoptando medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad”. Lo dice el artículo 19 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y, de otro modo expresado, también reconocen este derecho muchas otras normas. ¿Alguien lo duda? ¡Pues actúen, denuncien!

Pero el catálogo confeccionado de las situaciones discriminatorias hacia las personas con discapacidad. ‘100 denuncias 100’, no se quedará en mero informe que sonroje, el presidente del Cermi promete realizar su fin último y que es presentarlo como una denuncia global ante la Fiscalía General del Estado, la Defensora del Pueblo, el Consejo Nacional de la Discapacidad y las Comisiones para las Políticas Integrales de la Discapacidad y de Peticiones del Congreso de los Diputados. El objetivo: reclamar actuaciones políticas y jurídicas para corregir las situaciones identificadas. ¡Sean! ¡YA!.