En declaraciones a Servimedia, el vicepresidente de esta asociación judicial, Javier Seoane, se refirió así al desafío planteado por el Parlamento catalán al Constitucional, al designar el equivalente a la junta electoral de la consulta tan sólo un día después de que la Generalitat retirase la campaña institucional sobre el 9-N.

“Es un acto contrario a derecho”, apuntó este portavoz del FJI, y agregó que, a nivel jurídico, "si hay una declaración legal o una norma legal suspendida en su aplicación, no puede ponerse en marcha”.

Según aclaró, “desde luego que no puede ponerse en marcha el procedimiento electoral” si hay una decisión legal de suspensión de un proceso electoral "basado en una convocatoria declarada en principio suspendida”.

En este sentido, declinó hacer otro tipo de valoraciones políticas y aseveró que la valoración jurídica que corresponda hacer la harán los tribunales, que dirán "si es una sanción administrativa o una sanción penal”.

Por último, Seoane recordó que en España cualquier persona que crea que se ha cometido un delito en este caso “podría poner los medios legales oportunos para poner en marcha un procedimiento judicial con la solución que llegue a producirse”.