El juez acota la investigación a los hechos derivados del uso de ocho millones de euros procedentes de las Islas Vírgenes, pero de origen desconocido, que el hijo del expresidente de la Generalitat usó para la compra de un hotel en Canarias.

El juez también investigará la participación de Oleguer en sociedades en las que algunos de los socios son mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda.

Los hechos podrían podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública, que son competencia de la Audiencia Nacional por haberse cometido en el extranjero y porque la defraudación puede producir una grave repercusión en el tráfico mercantil y en la economía nacional.

Pedraz ordena a Guanyem, a Podemos y a ICV que se personen como causación popular única y les indica que para ejercer ese derecho deben depositar una fianza de 6.000 euros. Además les da un plazo de 15 días para formalizar la acusación y designar un único abogado.