Cataluña. La Comisión de Control de las consultas, piedra de toque del acatamiento de la sentencia del TC
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El Pleno del Parlamento de Cataluña tiene previsto nombrar hoy a los miembros de la Comisión de Control de consultas populares, un órgano que sería ilegal de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió la ley autonómica y todas sus acciones subsidiarias.
El Pleno que comienza hoy contempla como tercer punto el nombramiento de los miembros de esta comisión, una suerte de Junta Electoral Central para velar por el correcto desarrollo de las consultas populares que se pretenden amparar bajo la ley que aprobó el Parlamento catalán el pasado 19 de septiembre.
Sin embargo, la resolución que emitió el Tribunal Constitucional este lunes por la tarde, suspendiendo cautelarmente la Ley de Consultas al admitir a trámite el recurso que presentó por la mañana el Gobierno central, suspendía también todas las acciones subsidiarias encaminadas a dar cumplimiento a la misma, por lo que el nombramiento de dicha comisión sería ilegal.
Por ello, el PP y Ciutadans presentaron ayer a la Mesa del Parlamento un escrito solicitando la retirada del orden del día del Pleno de dicho punto. La propuesta fue rechazada por CiU y ERC; de acuerdo con la presidenta de la cámara, Núria de Gispert, porque no es competencia de la Mesa, sino del propio Pleno, modificar el orden del día.
El PSC, que votó a favor de la ley, declaró que le parece de "sentido común" la retirada de dicho punto del orden del día, pero prefirió no sumarse a la propuesta del PP y Ciutadans alegando que conviene que se pronuncien al respecto los servicios jurídicos de la cámara.
De esta forma, la constitución de la Comisión de Control se convertirá hoy en una nueva piedra de toque para ver si los partidos soberanistas acatan o no la resolución del TC, después de que el Gobierno catalán haya acordado suspender la campaña informativa para la consulta del 9 de noviembre y cerrar la web de la misma; según su portavoz, Francesc Homs, para evitar perjuicios a los funcionarios implicados en su desarrollo, que de acuerdo con la resolución del TC podrían ser sancionados por desobediencia e incluso inhabilitados si colaboran con acciones legalmente suspendidas.
(SERVIMEDIA)
01 Oct 2014
KRT/gja