El Ejecutivo hizo esta consideración en el recurso que la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, presentó este lunes contra el decreto de convocatoria de la consulta de noviembre.

Este decreto, junto a la Ley de Consultas catalanas en la que Mas se amparó para llamar a las urnas en noviembre, fueron suspendidos esta tarde por el Pleno del Constitucional. Los magistrados admitieron a trámite los recursos del Ejecutivo tras reunirse entre las seis y media y las ocho de la tarde.

En este sentido, en el recurso de la Abogacía al decreto del 9-N se sostiene que la Generalitat “ha convocado un referéndum que tiene por objeto que el pueblo de Cataluña se pronuncie sobre si quiere que Cataluña sea un Estado independiente”.

ILEGALIDAD “PALMARIA”

Además, se alerta de que lejos de abrir la puerta a una reforma de la Carta Magna con la consulta, el Gabinete de Mas, a través de la consulta, “podría proceder y así se lo reserva, no al ejercicio de una iniciativa de reforma constitucional, sino una iniciativa política de otra índole como una posible declaración de independencia”.

Esto, según los servicios jurídicos del Estado, es algo que “afecta directamente a la unidad de la Nación Española” y “vulnera directamente la Constitución”, en concreto los artículos 1.2. 2, 9.1 y 168 de la carta Magna.

El recurso del Ejecutivo añade que la Generalitat infringe de “manera palmaria” la norma fundamental al atribuir el carácter de sujeto soberano al denominado pueblo catalán para decidir sobre una cuestión que afecta, directamente, a la unidad de la Nación española”.

Esta decisión, según el recurso, “solo puede corresponder a la voluntad del pueblo español en su conjunto manifestada a través del cauce constitucional previsto para ello, cauce que prevé esa manifestación de voluntad popular vía referéndum en el momento final del procedimiento de reforma constitucional y sólo en dicho momento”.

VULNERACIÓN DE COMPETENCIAS

Por tanto, la Abogacía del Estado considera que el decreto de convocatoria del 9-N “incurre en infracciones no competenciales de la Constitución, al convocar un referéndum sobre una parte del territorio nacional al que es llamado el pueblo de Cataluña sobre una cuestión que afecta a la unidad de la Nación española, cuestión que sólo puede ser planteada al conjunto del pueblo español por vía del referéndum de reforma constitucional”.

Además, se advierte que no puede asumirse que Mas pueda pretender con la consulta una reforma de la Constitución, ya que deja “totalmente abierto” lo que haría con una votación de los catalanes sobre si quieren ser un Estado independiente.

Por este motivo, el Gobierno alerta de que “la Generalitat podría proceder y así se lo reserva, no al ejercicio de una iniciativa de reforma constitucional, sino una iniciativa política de otra índole como una posible declaración de independencia”.