En ese Pleno sólo se estudiará la admisión a trámite del recurso, un trámite formal que lleva aparejada la suspensión automática de la ley que da soporte a la consulta y de la propia convocatoria de referéndum. Según informaron fuentes jurídicas a Servimedia, el Pleno no se prevé largo puesto que los vocales no entrarán a analizar el fondo de la cuestión.

Dada la cercanía de la fecha de la consulta soberanista, prevista para el 9 de noviembre, el TC sólo tendrá tiempo de dictar una providencia de admisión a trámite que lleva aparejada la suspensión cautelar de la norma, pero que no implica pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Este mecanismo está establecido en el artículo 161.2 de la Carta Magna, que dice: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas".

Este recurso tiene la peculiaridad de que "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Es decir, el recurso por el Gobierno va acompañado siempre de la prerrogativa de la suspensión automática de lo impugnado. De no existir un pronunciamiento anterior sobre el fondo del asunto recurrido, el TC deberá revisar la suspensión cautelar en un plazo de cinco meses y, entonces sí, valorar los pros y los contras de su mantenimiento.

RECURSO PRESENTADO

La Abogada del Estado, Marta Silva, presentó pasadas las 13.00 horas de hoy el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno acordado en la reunión del Consejo de Ministros celebrado esta misma mañana bajo la presidencia de Mariano Rajoy, de vuelta a de su viaje oficial a China.

La decisión del Ejecutivo viene avalada por un dictamen del Consejo de Estado, aprobado por unanimidad, que niega al Gobierno catalán la capacidad de convocar una consulta en su territorio para pronunciarse sobre la soberanía nacional, que es asunto de todos los españoles.

Además, el Consejo rechaza el argumento de la Generalitat de que el resultado de la consulta no entraña efectos jurídicos vinculantes y estima que la consulta soberanista es un referéndum en toda regla, que sólo puede convocar en Gobierno de la nación. Por tanto, avala la presentación del recurso de inconstitucionalidad acordado por el Ejecutivo Rajoy.