El citado informe revela que el 43,53% de los órganos judiciales superan el indicador del 150% de carga de trabajo, estando particularmente afectados Juzgados de lo social sin ejecuciones (97,83 %); con ejecuciones (62,37%) Juzgados de primera instancia (96,95%); Juzgados de lo mercantil (93,75%); Juzgados de familia (53,40%); Audiencias Provinciales Penales (52,22%) y Juzgados Primera instancia e Instrucción con el 45,03%.

JpD concluye con estos datos que “la justicia cercana al ciudadano en sus facetas de trabajador, pequeño empresario, miembro de una familia, o víctima de delitos está absolutamente desbordada”.

En una nota de prensa, esta organización argumenta que esta situación es achacable a “la política judicial errática de los sucesivos Ministerios de Justicia que nos sitúa como país de Europa que tiene una media de jueces/habitante 10 puntos por debajo de la media europea”.

Explican que la gestión del recientemente dimitido Alberto Ruiz Gallardón “no ha sido una excepción”, puesto que ha congelado las plazas de oposición y acceso por cuarto turno, cubriendo sólo las vacantes que se producen, sin incrementar nada la dotación de personal, al tiempo que los asuntos ingresados no han parado de crecer.

La organización progresista entiende que los funcionarios que nutren el servicio público de justicia “llevan cinco años con una sobrecarga de trabajo insufrible, que aumenta, como es lógico, la posibilidad de errores, en temas tan sensibles como la justicia penal, social o de familia y que, además, redunda en un descenso de la calidad del servicio que se presta al ciudadan, derivado del aumento de las esperas para la resolución de sus conflictos y la satisfacción de sus derecho”.

La tercera conclusión se refiere a las preocupantes tasas de precariedad en la Carrera judicial: el Ministerio de Justicia suprimió 1.200 sustitutos y ahora 395 jueces de nuevo ingreso están sin plaza, lo que afecta doblemente a la garantía de inamovilidad y a la calidad del servicio que se presta, además de a su derecho a conciliar la vida familiar y laboral.

Para solucionar esta grave situación, JpD propone la creación de 815 plazas en cinco años. Ello comporta un total de 565 plazas, a las que habría que añadir 250 plazas, contando 50 por año para cubrir las vacantes que de media se producen en la carrera judicial anualmente.

Además, piden una evaluación de riesgos psicosociales a los profesionales de la justicia, la fijación de una carga máxima a efectos de salud laboral, la adopción de medidas preventivas de prohibición de superar cargas máximas de trabajo a efectos de salud y compensaciones por exceso de jornada y que las patologías sean declaradas profesionales y no enfermedades comunes.