En un comunicado, el sindicato considera que la retirada de la Ley del Aborto es sólo “la gota que ha colmado el vaso, la guinda, a una gestión muy desacertada en todos los ámbitos de su departamento”.

En este sentido, CSI-F recuerda otros asuntos como la ley de tasas, la privatización del Registro Civil o la “pretensión de privatizar los actos de ejecución y comunicación”. Para la organización sindical, estas medidas suponían “un proyecto de reforma de la justicia que atentaba contra los derechos de trabajadores y ciudadanos”.

Por esta razón, la central sindical confía en que el nuevo titular del Departamento “retire el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) e inicie una nueva etapa de negociación donde se mejore el texto actual en los términos que se habían pactado con los sindicatos”.

También considera fundamental que el próximo ministro de Justicia “deje sin efecto la privatización del Registro Civil”.