En declaraciones a Servimedia, el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, sostuvo que la dimisión de Gallardón “es lo que corresponde cuando se ha producido una deslegitimación en toda regla de su principal iniciativa política”.

No obstante, subrayó que el sindicato reclamará “que se mantengan los compromisos adquiridos por Gallardón sobre la modificación del Código Penal” para evitar que los huelguistas vayan a prisión. “Es una urgencia indiscutible”, continuó el dirigente sindical, quien incidió en que hay “personas pendientes del indulto y con procesos abiertos”.

En este sentido, recordó el caso de la secretaria general de CCOO en Baleares, Katiana Vicens, para la que la Fiscalía reclama cuatro años y medio de cárcel por “ejercer su derecho a huelga”. “Teníamos un compromiso para cambiar esta situación, y eso debe permanecer”, dijo Lezcano.

En una línea similar, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, advirtió al Gobierno que debe cumplir “con el compromiso de Gallardón de derogar el artículo 315 del Código Penal que vulnera la libertad sindical”.

Asimismo, exigió que se mantenga la promesa de “tramitar los indultos de las personas condenadas por ejercer el derecho a huelga”.

En cuanto a la retirada de la Ley del Aborto, que es lo que ha derivado en la dimisión del titular de Justicia, el portavoz de CCOO aseguró que el sindicato “aplaude el triunfo de las mujeres y de la sociedad en general contra un proyecto tan regresivo”.

Por su parte, Ferrer sostuvo que la dimisión de Gallardón “es el resultado de la presión de la ciudadanía que desde el primer momento ha rechazado un proyecto de ley que suponía un retraso de más de 30 años en los derechos de las mujeres”.