AI mostró su “satisfacción” por las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de confirmar la decisión del Ejecutivo de no seguir adelante con el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada.

“Con esta rectificación, el Gobierno deja de poner en riesgo la salud y la vida de miles de mujeres en España y se mantiene en la línea de la mayoría de los países de la Unión Europea”, añadió.

Pese a ello, Amnistía Internacional, que ha recogido en los últimos meses más de 110.000 firmas de diferentes países para exigir la retirada del anteproyecto de ley a través de web ‘www.actuaconamnistia.org’, mostró su “preocupación” por el anuncio del Gobierno de seguir adelante con la exigencia del consentimiento parental a las menores de 16 y 17 años para interrumpir su embarazo, lo que “vulneraría las normas internacionales, ya que merman la autonomía de la mujer”.

Asimismo, recordó que se vulnerarían también las últimas recomendaciones de Naciones Unidas, concretamente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en la materia, que instan a garantizar una atención especial a la situación de las adolescentes y mujeres migrantes.

Además, Amnistía Internacional señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado que el requisito de la autorización parental “puede desalentar a la mujer de buscar servicios legales y sin riesgos, pudiéndose incrementar el número de abortos clandestinos, con riesgo sobre la salud y la vida de las menores”. “El requisito de autorización de los padres puede violar el derecho a la privacidad de las adolescentes”, añadió.

Por último, AI valoró la importancia de la reacción de la sociedad civil española y la movilización social desde diferentes ámbitos, como el de salud y el de las mujeres que se posicionaban en contra del anteproyecto de ley.