La diputada socialista defendió que la pretensión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a inmigrantes que no tengan regularizada su situación en España “es ilegal” y reiteró la postura del Ejecutivo central para que si se adoptan este tipo de decisiones, “la Abogacía del Estado actúe”.

Tirado explicó que la resolución de 4 de julio de 1997 del Ministerio de Administraciones Públicas determina que la obligación legal de los ayuntamientos “es reflejar en un registro, el padrón, el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal”.

Lamentó que “el propio partido que aprobó esta ley ahora la cuestione” y que “el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, se convierta ahora en su propia oposición al criticar la resolución y pedir que se modifique la ley, aun cuando no presentaron ni una enmienda en la tramitación de la nueva Ley de Extranjería”.

La dirigente socialista criticó que el PP de Camps aproveche cualquier ocasión “para declararse en contra de todo, incluso de las medidas legales que su propia formación aprobó para intentar desgastar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero”.

Por el contrario, la diputada socialista manifestó que “la pretensión del Ayuntamiento de Vic ha tenido una contestación clara por parte del Gobierno central y del PSOE”.