La organización considera que, de confirmarse la intención del Gobierno de no aprobar el anteproyecto de Ley de Protección del Concebido, España seguiría vulnerando los derechos de las personas con discapacidad.

“Una discapacidad nunca puede significar menos derechos. Creemos que esta debe ser la base sobre la que se construya cualquier norma jurídica o legislación en una sociedad desarrollada y madura”, explicó Agustín Matía, gerente de Down España.

La existencia de diferentes plazos en la actual ley, según la organización, va en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008. Es por eso que la ONU se dirigió al Gobierno de España esperando que modificase la ley de forma que no se estableciesen plazos más elevados para los gestados que tuviesen alguna discapacidad.

Down España espera que el Gobierno, con independencia de su decisión sobre el anteproyecto de ley, elimine toda discriminación hacia las personas con discapacidad.