Según informaron los representantes de PAH, el Gobierno “en vez de anular todos los procedimientos donde se ha acometido esa ilegalidad” da un mes, desde la publicación del decreto real en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que las personas afectadas puedan recurrir.

Este hecho fue calificado por los representantes de la plataforma como una “barrabasada judicial” ya que, según estos, cualquier juez que tenga conocimiento de que su resolución violó el artículo 47 “tiene que anularla so pena de estar prevaricando” y por ello “lo tiene que anular de oficio” aunque no exista ninguna petición.

En este sentido, PAH insiste en que “no sirve" la notificación que supone el decreto real a los afectados, ya que “cualquier notificación en la que se recoja un derecho a nivel procesal te la tiene que notificar tu juez no el BOE” por ello desde la plataforma estiman que esta medida desembocaría en una “falta de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva”.

Así pues, los representantes de PAH han expresado su visión de que el Gobierno está “invitando a prevaricar a los jueces” con el real decreto y que, además, este ha dictado una norma a sabiendas de que es “absolutamente injusta” por lo que el real decreto supone “una nueva ilegalidad”.

PAH también ha querido destacar que con este decreto se corre un nuevo peligro a nivel europeo, que se haya abierto un proceso sancionador contra España, algo que desde la plataforma consideran “muy probable” que ya se esté produciendo. “Esa factura no la va a pagar Rajoy, la vamos a pagar los trabajadores de este país.”