Jiménez de Parga, en respuesta a las declaraciones de Gómez en las que exigió a la Comunidad que obligue a Torrejón a cumplir la ley sobre el empadronamiento, dijo que “lo lógico era esperar una dura reacción en contra de la actuación de Vic, dado que, gobernado entre otros por el PSC, ha generado un debate xenófobo en toda España, que puede tener repercusiones inesperadas”.

A su juicio, “la actuación del Ayuntamiento de Vic es ilegal a todas luces, dado que la ley de régimen local obliga a todas las entidades locales a empadronar a quienes residan en el mismo, mientras que en Torrejón no se impide hacerlo”.

Tras señalar que “el único requisito que se pide son garantías mínimas de habitabilidad del domicilio”, afirmó que “para evitar el fraude de ley, es lógico que los arrendatarios exijan el vínculo de parentesco, y si no, en su defecto, una autorización”.

“De este modo, al igual que hacen muchos municipios en España, se combate la figura de los pisos patera, tan impropios de un estado social moderno”, concluyó.