Fueron los miembros del Grapo Mónica Refojos y Marcos Martín Ponce los que relataron durante un juicio de la Audiencia Nacional cómo la dirección de la banda decidió expulsar a Silva Sande, también acusado en la causa, tras las denuncias de varias terroristas.

Martín Ponce explicó ante el tribunal que el proceder de Silva Sande consistía en extorsionar a las compañeras de la organización para obtener favores sexuales amenazándolas con expulsarlas de la banda y prometiéndoles ascensos si accedían a sus peticiones.

El caso más grave se produjo a principios del año 2000, cuando una de las terrorista tuvo que abortar tras ser violada por el que fuera máximo jefe militar de la banda y miembro del denominado “Comando central” de la organización.

“La expulsión de la banda es lo mejor que le pudo pasar porque en una organización revolucionaria a esa gente se le suele ejecutar”, dijo Martín Ponce ante los magistrados de la Audiencia Nacional.

Todas estas declaraciones tuvieron lugar durante la primera vista del juicio que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando por el robo de un furgón blindando en Vigo (Pontevedra) en el que fueron asesinados dos vigilantes jurados.

Además de Silva Sande, Refojos y Martín Ponce, se sienta en el banquillo de los acusados Manuel Pérez Martínez, conocido como el “Camarada Arenas” y Esther González Ilarraz.

La fiscal encargada del caso, Ana Noé, pide más de 150 años de cárcel para ellos al acusarles de pertenencia a organización terrorista, robo con intimidación, estragos terroristas, tenencia de explosivos, dos delitos de asesinato terrorista y cuatro de lesiones. La fiscal atribuye además a Torralba un delito adicional de falsedad en documento oficial.

En el banquillo de los acusados también se sienta José Luis Elipe, para quien la fiscal pide 12 años de prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista y falsedad documental.