Los magistrados de la Sección Segunda acuerdan a través de un auto dictado hoy la entrega de Poch a las autoridades argentinas. Para que la extradición se haga efectiva, el Consejo de Ministros deberá refrendar esta decisión, que puede ser recurrida ante el Pleno de la Audiencia Nacional.

El tribunal considera que los “más de 600 hechos concretos” de los que se acusa a Poch en Argentina tienen “la suficiente gravedad” como para acordar su extradición. El piloto está acusado de una multitud de delitos de lesa humanidad como detenciones ilegítimas, torturas, lesiones, desapariciones y muertes.

Las autoridades argentinas reclaman la extradición de Poch, que era piloto de la Armada, para juzgarle por su presunta participación en los vuelos que durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 se dedicaban a transportar y lanzar al mar a los opositores del régimen. Se calcula que más de 11.000 personas murieron en estos vuelos.

La Audiencia Nacional impone a las autoridades judiciales argentinas que Poch no sea condenado a cadena perpetua. “Si llegara a celebrarse el juicio en Argentina y la sentencia que recayese fuese condenatoria, la pena a imponer en ningún caso puede ser una pena privativa de libertad a perpetuidad, sino, todo lo más, la inmediatamente inferior”, señala el auto.

ACEPTA LA EXTRADICIÓN

El propio Poch, en la vista de extradición celebrada el miércoles pasado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aceptó ser extraditado a Argentina. “Me han humillado, han arruinado mi reputación, he sido tratado como un criminal y encerrado con presos comunes, la única forma que tengo de defenderme es en Argentina, por eso acepto mi extradición”, alegó Poch en la vista.

Esta postura supone un cambio radical de parecer por parte de Poch, quien en su comparecencia el pasado 6 de octubre ante el juez instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se negó tajantemente a ser extraditado a Argentina.

Poch, de 57 años, fue detenido el pasado 22 de septiembre en el aeropuerto de Manises cuando se disponía a despegar en uno de sus últimos vuelos como piloto de la compañía Transavia. Su arresto se produjo por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y en virtud de una orden de busca y captura internacional dictada por la justicia argentina.

Durante su intervención ante el tribunal, Poch aseguró que ha sido acusado sin pruebas y negó haber estado destinado en durante su etapa de piloto en argentina en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), la institución conocida por ser la sede en la que la dictadura militar torturaba a los opositores del régimen.