Lesmes hizo estas afirmaciones en vísperas de que el Gobierno catalán de Artur Mas proceda a convocar el referéndum independentista para el próximo 9 de noviembre y un día antes de la celebración de la Diada en Cataluña. El Ejecutivo central ya ha advertido que llevará la convocatoria al Tribunal Constitucional, que será el encargado de determinar si es constitucional.

En su discurso de apertura del Año Judicial, el presidente del CGPJ aseguró que las instituciones judiciales están comprometidas con los valores de una justicia independiente que asegure “el respeto a la Constitución y la ley por parte de los poderes púiblicos”.

Advirtió de que la justicia “no es sólo un valor abstracto al que aspiramos sino también un instrumento efectivo al servicio de los ciudadanos, como garante de derechos y exigencia de sus obligaciones”.

Lesmes se manifestó “consciente de que “España experimenta importantes transformaciones y padece incertidumbres sociales y políticas, circunstancias que afianzan nuestra firme convicción de que sólo desde la observancia del Derecho y mediante el correcto funcionamiento de las instituciones encargas de preservar sus mandatos, en la unidad pero con respeto a la diversidad, será posible la convivencia pacífica y la prosperidad de los españoles”.

Lesmes se ha referido también a la lealtad institucional que reclama la integración en la Unión Europea. A su juicio, el respeto al Estado de Derecho constituye una “exigencia ineludible” para pertenecer a ella y añadido que esa lealtad “impide el cambio unilateral de las reglas del juego que han de regir nuestra convivencia”.

CORRUPCIÓN

Además, expresó el compromiso de los jueces y magistrados para agilizar la tramitación y resolución de las causas por delitos de corrupción, tras señalar que la dilatación en el tiempo de este tipo de procedimientos “genera desaliento en la sociedad”.

En el discurso pronunciado en el acto de apertura del Año Judicial presidido por el Rey Felipe VI en la sede del Tribunal Supremo, Lesmes garantizó que el Poder Judicial y sus órganos de gobierno “se implicarán activamente” en la lucha contra la corrupción, que es una “lacra social”, “está minando la credibilidad de las instituciones” y “socava la democracia”.

“Los jueces españoles, con el amparo y refuerzo de nuestros órganos d egobierno, y en el ámbito de nuestras responsabilidades, nos comprometemos a hacer todo lo posible para revertir esta situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción”, insistió.