“Me parece muy triste que se tenga que acudir a los tribunales cuando hay una ley que sigue en vigor desde 2007 y cuando el Estado, el Poder Ejecutivo, tiene numerosas herramientas antes de que haya que llegar a un tribunal para ejercitar el cumplimiento de sus leyes”, dijo a Servimedia.

Añadió que, “lamentablemente", tal como está diseñada la “muy blanda” Ley de la Memoria Histórica obliga a las asociaciones y familiares de las víctimas a poner “sus recursos y su tiempo para cumplir un papel que se niega a cumplir el Estado”.

Silva hizo hincapié en que en otros países que también sufrieron regímenes fascistas sería “impensable” tener monumentos en memoria de dicho sistema.

“Es una cuestión de cultura democrática”, dijo Silva, quien explicó que retirar dichos monumentos no es “borrar la historia”. Se trata, agregó, “de que un espacio público debe honrar a quienes han hecho el bien público”.

Explicó que “sólo en Madrid hay, como mínimo, 176 calles dedicadas a dirigentes de la dictadura, entre ellas, la Plaza del Caudillo” y añadió que quedan pueblos que se apellidan “Del Caudillo” por toda la geografía española.

En su opinión, es una cuestión de voluntad política. “Hoy se ha sabido que el Gobierno de España gastó el año pasado cerca de 700.000 euros en hacer exhumaciones en Bosnia, y aquí se niega a hacerlas”, denunció.