De esta manera, se volverá al criterio inicial en la aplicación de la norma que recoge la posibilidad de que los desempleados mayores de 55 años, cumpliendo ciertos requisitos, puedan acogerse a la jubilación anticipada a los 61 años suscribiendo un convenio especial.

Burgos se refirió a este asunto en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde se entrevistó esta mañana con representantes de CCOO y UGT para tratar el asunto de la modificación del criterio de jubilación.

Tras este encuentro, el secretario de Estado dijo que “estamos hablando de una cuestión que se centra en un criterio interpretativo relacionada con los requisitos de acceso a una jubilación anticipada”.

El responsable de Seguridad Social señaló que “hemos acordado establecer un criterio interpretativo que dé cobertura a los afectados reconociendo la confianza legítima que debe de haber entre los administrados y la administración”.

De esta manera, subrayó que las personas afectadas por el criterio establecido por el Gobierno son “1.500, a las que la Seguridad Social se dirigirá para reconsiderar la situación y declararles la intención de mantenerles su derecho”.

En ese sentido, el secretario de Estado aseguró que la Seguridad Social procederá a una revisión de oficio de todas las solicitudes denegadas a partir del mes de junio.

Por todo ello, afirmó que el “Ministerio está satisfecho con el resultado de la reunión y demuestra tener una gran capacidad de diálogo. Con ello se zanja cualquier tipo de polémica”.

“LESIÓN DEL DERECHO A UNA PENSIÓN”

Por su parte, el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, señaló, tras la entrevista con Burgos, que la decisión del Ejecutivo de revisar los criterios de acceso a la jubilación a los 61 años “era una clara lesión del derecho de los trabajadores a acceder a una pensión”.

Del mismo modo, garantizó que “todas las personas que vieron denegada su pensión o reducida la cuantía de la misma, verán reconocido su acceso a una pensión a la que tienen derecho”.

A su vez, la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, sostuvo que su sindicato se mantendrá “vigilante” hasta confirmar que todas las personas “afectadas por la situación creada por el Gobierno” acceden a la pensión que les corresponde.

López argumentó que la interpretación de una instrucción administrativa “no puede derivar en una lesión de un derecho de tal importancia como es el de acceso a una pensión”.

“Estamos hablando de una cuestión que se centra en un criterio interpretativo relacionada con los requisitos de acceso a una jubilación anticipada. Hemos acordado establecer un criterio interpretativo que dé cobertura a los afectados reconociendo la confianza legítima que debe de haber entre los administrados y la administración”, explicó Burgos después de la reunión que mantuvo hoy con los agentes sociales para analizar el cambio de criterio administrativo sobre la jubilación anticipada para los trabajadores con un convenio especial de la Seguridad Social.

Burgos subrayó que las personas afectadas por el criterio establecido por el Gobierno son “1.500, a las que la Seguridad Social se dirigirá para reconsiderar la situación y declararles la intención de mantenerles su derecho”.

En ese sentido, el secretario de Estado aseguró que la Seguridad Social procederá a una revisión de oficio de todas las solicitudes denegadas a partir del mes de junio.

Por todo ello, afirmó que el “Ministerio está satisfecho con el resultado de la reunión y demuestra tener una gran capacidad de diálogo. Con ello se zanja cualquier tipo de polémica”.

LESIÓN DEL DERECHO A UNA PENSIÓN

Asimismo, Bravo aseveró que la decisión del Ejecutivo de revisar los criterios de acceso a la jubilación a los 61 años “era una clara lesión del derecho de los trabajadores a acceder a una pensión”.

Del mismo modo, garantizó que “todas las personas que vieron denegada su pensión o reducida la cuantía de la misma, verán reconocido su acceso a una pensión a la que tienen derecho”.

Por otro lado, la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, sostuvo que su sindicato se mantendrá “vigilante” hasta confirmar que todas las personas “afectadas por la situación creada por el Gobierno” acceden a la pensión que les corresponde.

Por último, López argumentó que la interpretación de una instrucción administrativa “no puede derivar en una lesión de un derecho de tal importancia como es el de acceso a una pensión”.