En primer lugar, el informe atribuye este empeoramiento del respeto a la libertad de expresión al incremento de agresiones a periodistas y fotoperiodistas por parte de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de policías autonómicos cuando desempeñan su trabajo en manifestaciones y protestas públicas.

"Estas agresiones y obstáculos en su tarea las padecen, sobre todo, los 'freelances' y los colaboradores de publicaciones modestas y emisoras comunitarias, de manera especial cuando registran las detenciones de manifestantes o las cargas de los agentes contra ellos", señala el estudio.

En el informe, la FeSP y la ReMC también ven un "retroceso" de la libertad de expresión en el hecho de que el Gobierno central y los de varias comunidades autónomas "incumplen la Ley General de Comunicación Audiovisual y no responden o deniegan las solicitudes de licencias para emisoras de radio y televisión comunitarias sin ánimo de lucro".

La FeSP y la ReMC recuerdan que, pese a los cuatro años transcurridos desde la aprobación de esa ley, el Gobierno central aún no ha aprobado las disposiciones que prevé dicha norma respecto de las emisoras comunitarias, lo que es utilizado por algunas comunidades autónomas como excusa para negar las solicitudes de licencias.

Respecto al incumplimiento de la legislación audiovisual, la titular de la institución del Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, estudió la situación y, a finales de 2012, envió un recordatorio a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) sobre la obligación que tiene de desarrollar reglamentariamente la citada ley, sin que lo haya hecho.

"Como consecuencia de ese incumplimiento de la ley por parte del Gobierno central y los de varias autonomías, que no conceden las licencias, numerosas emisoras comunitarias de radio y televisión han sido presionadas y expedientadas por distintas administraciones (estatal y autonómica) para que cesen sus emisiones, porque carecen de licencia", añade el informe.

La FeSP y la ReMC han enviado el informe a distintas organizaciones internacionales y españolas, así como a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Defensor del Pueblo.