El Gobierno publicó el pasado 13 de abril la convocatoria de este programa que se anunció a finales de 2022, que prevé ayudas de hasta 200.000 euros por empresa para compañías del ámbito industrial con hasta 250 empleados.

En este mes que ha estado abierta la convocatoria, Industria ha recibido 11 solicitudes de Cataluña; seis de Andalucía; cuatro de Galicia y otras tantas de País Vasco; tres de Asturias, Navarra y Canarias, respectivamente; dos de Madrid, y una de Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura e Illes Balears.

Son empresas que pertenecen a sectores como la ingeniería, arquitectura, material y equipo eléctrico, caucho, farmacéuticos, textil y distribución y alimentación.

Durante el periodo de presentación de solicitudes se han recibido un total de 165 peticiones de información de entidades de diversos sectores.

El programa, gestionado por la Fundación EOI, tiene un presupuesto de 9,65 millones de euros, y según Industria, el valor total de los gastos subvencionables solicitados por los 41 proyectos presentados asciende a 2,83 millones, con un503 trabajadores involucrados en esos proyectos de semana laboral ajustada.

Para el ministro, Héctor Gómez, “este primer programa piloto demuestra que las empresas están abiertas a una nueva forma de organizar sus jornadas, con reducciones del tiempo de trabajo sin afectar a los salarios y mejorando sus resultados empresariales: todos ganan, pymes y trabajadores”.

El proyecto piloto de reducción de jornada laboral sin reducción de salario tendrá una duración temporal mínima de dos años, computable desde la concesión de la ayuda. Por tanto, la empresa se comprometerá a mantener la reducción de jornada de los empleados que incluya en el proyecto por ese plazo.

Las empresas que apliquen el plan deberán aplicar una reducción mínima de la jornada laboral a tiempo completo del 10% de la jornada en cómputo semanal, que afectará únicamente a personas trabajadoras con contrato indefinido a tiempo completo en el momento de inicio del proyecto.

El número de personas trabajadoras participantes debe afectar como mínimo a un porcentaje de la plantilla de la empresa o centro de trabajo en función del tamaño de este (hasta 20 personas en plantilla, un 30% de participantes; entre 21 y 249 personas en plantilla, un 25%).