“Este decreto es, desde todos puntos de vista, discriminatorio, afecta a los derechos humanos, y, como lo ha señalado la Corte Constitucional en el caso de la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, no se pueden utilizar razones económicas para privar de asistencia sanitaria a personas inmigrantes”, señaló el presidente de Médicos del Mundo Madrid, Manuel Espinel, en declaraciones a Servimedia.

A este respecto, las asociaciones denunciaron que el Estado español ha incumplido las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, quienes pidieron la reforma del RDL y recordaron que España tiene obligaciones legales en materia del derecho a la salud, también con respecto a las personas migrantes en situación irregular.

Espinel reseñó que en la Comunidad de Madrid se han retirado cerca de 50.000 tarjetas sanitarias a personas inmigrantes, número que alcanza las 900.000 en todo el ámbito nacional. Asimismo, denunció que la entrada en vigor del RDL ha generado unos niveles de confusión y discriminación que llevan a negar la asistencia sanitaria a inmigrantes que no se ven afectadas por el Decreto, como embarazadas o menores de edad.

“Conocemos el caso ocurrido en Baleares con Alpha Pam, quien falleció de tuberculosis a pesar de estar cubierto por el RDL al tratarse de un caso de urgencia, pero la discriminación que se ha generado llevó al hospital a negarse a efectuarle pruebas diagnósticas”, comentó el presidente de Médicos del Mundo Madrid, quien señaló que en numerosas ocasiones se emplaza a las personas inmigrantes a pagar las visitas de urgencia, extremo que no aparece recogido en el RDL.

Desde Amnistía Internacional condenaron que esta medida, considerada un “fracaso” por las asociaciones convocantes, afecta principalmente a los colectivos más vulnerables, y solicitaron tanto al Gobierno Central como a la Comunidad de Madrid que aboguen por la salud universal.

“Hemos pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que saque medidas legislativas para paliar los efectos de este RDL, dado que no puede derogarlo por estar a nivel nacional. Es algo que ya han hecho en otras comunidades como Navarra y que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional”, señaló el portavoz de Amnistía Internacional, Salvador López, quien concluyó que es posible hacer algo contra la exclusión sanitaria.