De este modo, en declaraciones a Servimedia, Merino destacó que es un auténtico despropósito que se obligue a los ayuntamientos a pagar 12 millones de euros en carteles como un medio propagandístico del Gobierno socialista".

Además, lamentó que el propio real decreto contemple que el 0,2%, es decir, unos 10 millones de euros, el Gobierno pueda dedicarlos a propaganda del propio plan".

"Que con cinco millones de parados, el Gobierno esté derrochando unos 20 millones de euros nos parece un sin sentido", aseveró, al tiempo que reprochó al Ejecutivo, los más de 60 millones que costaron los carteles en la primera edición del plan.

"Vamos a presentar iniciativas lógicamente para eliminar ese 0,2% que recoge el decreto y evitar que los ayuntamientos tengan que pagar los carteles", subrayó.

Para Merino, "hay diferencias importantes con respecto a la primera edición", como que este plan choca con competencias de las comunidades. "Hay proyectos de tipo educativo y medioambiental que son competencias de las comunidades y los ayuntamientos no pueden hacerlo como quieren", dijo.

Merino criticó que, de momento, sólo se han aprobado 200 proyectos, por lo que, destacó, "este plan va camino del fracaso absoluto", al tiempo que aseguró que "este plan va a crear menos puestos de trabajo que el anterior, ni siquiera creará trabajo temporal".

Sobre la posibilidad de destinar el 20% del valor de la obra a gastos corrientes de los municipios, Merino afirmó que tanto los populares como la Femp exigieron que "el 60%, al menos, 3.000 millones de euros, se destinaran a pagar facturas a pymes y autónomos", ya que, subrayó, "es la única forma de mantener empleo estable".