Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas y firmada y ratificada por España, donde es derecho positivo, ninguna persona con discapacidad puede perder por motivos ligados a su discapacidad su derecho fundamental al voto, por lo que, según el Cermi, "el régimen electoral español es incompatible en este punto con los derechos humanos reconocidos internacionalmente a las personas con discapacidad".

Esto exige, agrega la entidad en una nota, la modificación de la Loreg para eliminar esta posibilidad de privación del derecho de sufragio, cambio normativo que ha de partir del Gobierno o de las fuerzas políticas mayoritarias del Parlamento.

MANDATO PARLAMENTARIO INCUMPLIDO

Por sugerencia del Cermi, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados adoptó el año pasado una proposición no de ley instando al Ejecutivo a elaborar y remitir a la Cámara, en el plazo de seis meses, un informe sobre la adecuación de la legislación electoral española al marco establecido por la Convención de la Discapacidad.

"Transcurrido ese plazo con creces, el Gobierno no ha cumplido el mandato parlamentario, por lo que el debate político sobre la reforma de la Loreg sigue paralizado", agrega.

El Cermi exige a los ministerios directamente concernidos con la iniciativa (Interior, Justicia y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) "que abandonen esta inacción que perjudica gravemente los derechos más básicos de las personas con discapacidad y promuevan con urgencia el cambio normativo del régimen electoral para que los próximos comicios generales ninguna persona con discapacidad sea excluida del ejercicio de sus derechos políticos".