El Convenio de Estambul, conocido así por la ciudad en la que se adoptó, establece las normas generales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en el ámbito europeo, instando además a los Estados parte -entre ellos España- a adoptar medidas legislativas y de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia, tratando de consolidar respuestas eficaces de la policía, los tribunales y los servicios sociales.

El Cermi ya expresó su satisfacción por la condena expresa que el convenio establece en su artículo 39 sobre las prácticas de esterilizaciones no consentidas y abortos coercitivos a mujeres sin su conocimiento ni autorización y urge al Gobierno a que estos asuntos sean considerados y resueltos definitivamente en la actual revisión del Código Penal de España, que se encuentra en el Parlamento.

El Convenio de Estambul incorpora además otras medidas específicas en materia de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, por lo que el Cermi lo considera "un avance en lo que respecta a la dimensión inclusiva del marco normativo europeo y español en la materia".