Según informó hoy IU, Llamazares pide al Defensor del Pueblo que promueva recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, "impulsada por el Gobierno ultraconservador del PP que preside Esperanza Aguirre, por ser el marco legal de la denominada privatización funcional del sistema sanitario madrileño".

Además, anima a Múgica a que estudie la posible incompatibilidad de la norma Aguirre con la Ley General de Sanidad de 1986 y con la Constitución española en su artículo 45, relativo al derecho a la protección de la salud de todos los españoles.

En las misivas remitidas a los dos miembros del Gobierno por el mismo tema, Llamazares pide que promuevan en su caso un "posible conflicto de competencias de los del título IV de la Ley 2/79, del Tribunal Constitucional".

En la argumentación de sus solicitudes, Llamazares destaca que la ley madrileña establece en su artículo 2, apartado 2 la organización del "Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid en un Área de Salud Única integrada por todo el territorio de la región, eliminando con ello los principios establecidos en la Ley Básica de Sanidad, considerados por esta norma como condicionantes territoriales, o de asignación poblacional".

Para el dirigente de IU, la estructuración que propone la Comunidad de Madrid "no es un modelo sanitario y sí de mercado, contrario a los principios constitucionales y las normas básicas de leyes del Estado como la Ley de Sanidad".