En el auto dado a conocer hoy, los magistrados señalan que Pavlov debe comparecer cada lunes en la Audiencia Nacional o en el juzgado más próximo a su domicilio y acuerdan la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Fuentes jurídicas confirmaron que el opositor kazajo todavía no ha depositado la fianza y, por lo tanto, continúa en prisión hasta que se efectúe el pago. Pavlov, que trabajó durante años como jefe de seguridad del principal representante de la oposición de Kazajistán, Mukhtar Ablyazov, ya se le había denegado una anterior petición de libertad en julio de 2013.

Pavlov fue detenido en España el 11 diciembre de 2012 a petición del Gobierno de Kazajistán, quien dictó una orden de búsqueda y captura tras acusarle de los delitos de tentativa terrorista, apropiación indebida y malversación de fondos.

ASILO POLÍTICO

El pasado 17 de julio, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional declaró nula la resolución del Ministerio del Interior que denegaba el derecho de asilo y la protección subsidiaria.

Los magistrados ordenaron devolver el expediente a la Administración para que evaluara debidamente si concurre o no el riesgo de persecución en el caso de que Pavlov volviera a Kazajistán.

La Audiencia señalaba necesaria la tramitación de la solicitud de asilo que “aboque en un pronunciamiento administrativo sobre la existencia o no del temor alegado por Pavlov por motivos de una persecución contra su persona por las razones y circunstancias que en su solicitud invoca”.

En este sentido, tanto UPyD como PSOE instaron hoy al Gobierno en una carta a que conceda el asilo para Pavlov al entender que devolverlo a Kazajistán “equivaldría a entregarlo a un sistema judicial y penitenciario que no ofrece las mínimas garantías”.

Los diputados Irene Lozano, UPyD, e Ignacio Sánchez-Amor, PSOE, aseguraron que España “no puede colaborar con regímenes crueles y tiránicos, antes al contrario, debe dejar sentado en sus relaciones con terceros países, que antepondrá las exigencias democráticas a cualquier otro tipo de transacción”.