Así lo aseguró el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, quien señaló que esta normativa sustituirá a la anterior, que data de 1988, y reconoce una nueva serie de derechos para los ciudadanos de Castilla y León, con una importante participación de todos los agentes sociales implicados.

La comunidad autónoma reconoce una serie de derechos, además de los contemplados en la Ley de Dependencia, que son exclusivos en materia de servicios sociales, como la teleasistencia a todos los mayores de 80 años, la atención temprana a niños y niñas con discapacidad, el Ingreso Mínimo de Inserción y ayudas para necesidades básicas y las medidas específicas de protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo.

El anteproyecto de Ley regula la planificación sectorial y la elaboración del mapa de recursos sociales de Castilla y León. Ambos instrumentos garantizarán la igualdad en el acceso a los recursos con independencia del lugar de la comunidad donde resida el ciudadano.

La Junta justificó la elaboración de esta nueva norma al que considerar un nuevo escenario social determinado por fenómenos como la inmigración, el envejecimiento, las nuevas formas de exclusión social o los retos derivados de la igualdad de oportunidades, así como los nuevos ámbitos de competencia de la comunidad o la implementación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, integrados en los Servicios Sociales, que es una oportunidad para el crecimiento y fortalecimiento del sistema.