La principal modificación es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deberá decidir el alta de un trabajador que esté de baja por incapacidad temporal en caso de discrepancias entre el médico del sistema sanitario y la mutua.

Lo mismo ocurrirá en el caso de que la mutua haga una propuesta de alta de un trabajador y el médico no responda a esta petición.

Con estos cambios, la Seguridad Social estima un ahorro de casi 300 millones de euros anuales en la gestión de la incapacidad temporal.