La sentencia considera probado que el 28 de agosto de 2006, en un hospital privado de Valencia, el ginecólogo ahora condenado, pese a que había calculado el peso del feto en 4.200 gramos en la última ecografía realizada hacía semanas y a pesar de que en el momento del parto éste ya alcanzaba los 4.495 gramos, no realizó ninguna pelvimetría ecográfica ni cualquier otra prueba que permitiera saber exactamente el diámetro craneal y biacromial del gestante, en relación con el tamaño de la pelvis de la madre.

Tras la dilatación completa, el ginecólogo decidió el parto vaginal y pese a que el feto no bajaba por sí mismo, lo extrajo con la ayuda del vacum, lo que comprimió la cabeza del feto y le causó la fractura de los huesos parietal y temporal y una hemorragia cerebral masiva.

Tras tirar prolongada y fuertemente de la cabeza hasta el punto de desgarrar el músculo externocleidomastoideo del cuello y fracturar una vértebra y el tercio medio del húmero derecho, el bebé fue finalmente extraído del seno materno, sobreviviendo fuera de él tan sólo 40 minutos.

El fallo judicial concluye que estos hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave y considera, además, que hubo imprudencia profesional por cuanto el niño podía haber nacido sano mediante una simple cesárea.

También afirma que el acusado omitió las más elementales cautelas del diagnóstico y tratamiento, extrayendo la cabeza del niño violentamente y con fuerza descomunal.