Andorra era uno de los pocos estados de Europa que reconocía el secreto bancario en su legislación. Aunque ya se habían producido contactos entre el Ministerio de Economía y Hacienda y las autoridades andorranas, recientemente, y a raíz de los trabajos emprendidos por el G-20, Andorra asumió el compromiso de adaptar su legislación a los estándares actuales de la OCDE en materia de intercambio de información.

Con el nuevo acuerdo, la Agencia Tributaria dispondrá de toda la información fiscal relevante para el control adecuado y efectivo de los contribuyentes españoles, ya que implica el acceso a la información bancaria y contable, así como la capacidad para identificar a los beneficiarios efectivos de cualquier tipo de transacción.

Según el Gobierno español, el acuerdo supone un avance en cuanto a los instrumentos de prevención del fraude fiscal y tendrá un importante efecto disuasorio para la realización de operaciones que tengan por finalidad el fraude fiscal internacional.