La propia ministra de Defensa, Carme Chacón, se ha encargado de informar a los portavoces en esta materia de los grupos parlamentarios sobre sus objetivos con esta norma.

Junto a la titular de Defensa estaban el director de Personal, un catedrático de Derecho constitucional, el jefe del Gabinete de la ministra y su asesor parlamentario, entre otros.

Según indicaron a Servimedia varios de los asistentes, la ministra mantiene su pretensión de no llevar a las Cortes la norma salvo que se garantice el consenso parlamentario previo. En la pasada Pascua Militar, Chacón condicionó la futura ley a un "amplísimo consenso" en el Parlamento.

La ley, de la que hay un primer borrador que no ha sido facilitado a los portavoces, según las fuentes consultadas, se hará eco de la sentencia de 2001 del Tribunal Constitucional en la que se recogen derechos fundamentales para los militares como el asociacionismo y se les excluye de profesionales como el derecho a la huelga o la negociación del convenio colectivo.

Además, se creará el Observatorio de la Vida Militar que será de corte similar al Defensor del Pueblo ya que dependería del Parlamento y deberá rendir cuentas anualmente. Estaría formado por "sabios" de la Carrera Militar de "reconocido prestigio" así como un cuerpo técnico.

Como otra de las novedades, la norma regulará el papel de las asociaciones, sus derechos y deberes así como el de los militares que no estén organizados.

La futura ley también establecerá un único Consejo de Personal, en sustitución de los cuatro existentes y el observatorio de vida militar.

Este Consejo será un órgano asesor que emitirá informes sobre las medidas que afecten al estatuto profesional, régimen retributivo, condiciones de trabajo o sistema de protección social de los militares.

Sin embargo, aún queda abiertas las funciones de este consejo así como el apoyo parlamentario, ya que según varios de los asistentes este órgano limita a las asociaciones sólo voz y participación en las ideas pero no negociación, ya que el derecho de negociación de convenio colectivo la tienen vetada.

Tras verse la ministra con varios de los portavoces, les ha dado un margen de un mes para que estudien sus posiciones y para que Defensa siga con la ronda de contactos que también incluye a varios colectivos de militares.

La futura ley de Derechos y Deberes llega con retraso ya que la de Defensa Nacional (2005) como la de Carrera Militar (2007) obligaban a su regulación.