El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero aseguró en declaraciones a Servimedia que en los últimos días "ha habido muchas presiones políticas indirectas" sobre los magistados del Supremo.

Por su parte, el abogado del Foro de Ermua, Fernando García Capelo, tildó la decisión de “chapuza jurídica” y sustuvo que en ella “"ha pesado más la situación política que los argumentos jurídicos".

Ambos coincidieron en expresar su sopresa y estupor ante el hecho de que los magistrados del Alto Tribunal hayan entrado a varolar el fondo de la cuestión, si constituyeron o no delito las reuniones con Batasuna durante la tregua de ETA del 2006.

Portero y García Capelo se refieren al hecho de que los magistrados no se han limitado a determinar si Dignidad y Justicia y Foro de Ermua, sin la concurrencia de la Fiscalía, tenían legitimidad suficiente para llevar a juicio a López e Ibarretxe, único extremo recogido en los recursos y que el tribunal ha apoyado, si no que han ido más allá y han valorado el fondo de la causa.

“Los magistrados se han pronunciado sobre algo que nadie les ha planteado, que no es el objeto del recurso", dijo el letrado del Foro de Ermua.

En este sentido, el presidente de Dignidad y Justicia dijo no comprender cómo el Tribunal Supremo puede llegar a la conclusión de que Ibarretxe y López no cometieron delito al reunirse con los representantes de Batasuna sin haber tenido acceso a las pruebas y a los informes periciales que tanto Dignidad y Justicia como el Foro de Ermua iban a presentar en la vista oral que iba a celebrar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) precisamente para dirimir esta cuestión.