De hecho, la organización sindical sostiene que el inicio del proceso de aprobación de la norma en el Parlamento debería “supeditarse” a la consecución de consensos con los interlocutores sociales.

El sindicato denuncia también que en los últimos meses se han conocido “varias noticias sobre presuntos fraudes a la Seguridad Social por parte de algunos gestores de mutuas” que, en su opinión, se han hecho públicas “dado el interés que suscita la próxima tramitación de un anteproyecto de ley que regulará su actividad”.

No obstante, agrega que la gestión de estas entidades, que colaboran con la Seguridad Social, “siempre ha estado rodeada de oscurantismo y de una sombra de sospecha permanente”.