Rigau confirmó que la Generalitat recurrirá el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros desarrollando la disposición adicional 38.4 de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce).

El decreto establece que las comunidades autónomas con lengua cooficial tendrán que financiar la educación en castellano en colegios privados a la familias que la demanden, si no se les garantiza en los centros públicos. Y, para asegurarlo, el Gobierno central adelantará el dinero pero luego se lo restará a las comunidades en el reparto de fondos.

Según alegó, este decreto "afecta a las competencias (de la Generalitat), modifica la Lofca por la puerta de atrás" y "el propio Gobierno del PP sabe que esta norma es de difícil, por no decir imposible, aplicación en Cataluña". Y, añadió, si se aplica el decreto "las multas al catalán pueden superar las que se imponían en la época de la dictadura".

Rigau reiteró la oposición de la Generalitat a que se separe a los niños por razón de su lengua y que el castellano, como lengua oficial en Cataluña, está presente en las aulas catalanas y se evalúa con el mismo rigor que el catalán, y la proporción entre ambas lo determina cada proyecto educativo, pensando no en porcentajes ni horas, sino en los objetivos marcados por la UE.

Finalmente, la consejera interpretó que lo que preocupa al PP "no es el grado de conocimiento que tienen los alumnos del catalán y del castellano", sino "la presencia política de un horario que ellos quieren establecer sin tener mayoría en el Parlamento".