El secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez Castro, y el de CCOO-Madrid, Jaime Cedrún López, se reunieron con Cifuentes y en ese encuentro le hicieron entrega de una misiva en la que los sindicatos critican que pedir hasta ocho años de cárcel a representantes sindicales supone "una injerencia de los poderes público" y "una restricción ilegítima de derechos democráticos y de manera singular, del derecho de huelga”.

Por ejemplo, los sindicatos denuncian que las peticiones de condena por delitos de coacciones "exceden notablemente de la pena mínima", llegándose a pedir siete y ocho años a sindicalistas de hostelería de Madrid o de Airbus. En total, advierten, son 81 los procedimientos abiertos y 265 los sindicalistas inmersos en procesos penales o administrativos.

Por todo ello, UGT-Madrid y CCOO-Madrid solicitan a Cifuentes "su intervención para que los poderes públicos, y al frente de ellos el Gobierno de España, respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga y cesen en su intento de criminalizar la respuesta social y laboral".