Según el auto emitido este jueves, Pedraz acepta la competencia para investigar los hechos, que inicialmente, y de acuerdo con el relato del propio García Martín, pueden constituir "delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas", tipificado en el artículo 290 del Código Penal.

Igualmente, se le imputan "delitos relativos al mercado y los consumidores", concretamente el de "falseamiento de información económica y financiera", descrito en el artículo 282 bis del Código Penal, así como uno de "uso de información relevante", recogido en el artículo 285.

En el escrito de admisión, el juez acoge los argumentos del fiscal y explica que los delitos a investigar a partir de ahora afectan a una generalidad de personas, en calidad de inversores, y se extienden fuera del territorio nacional.

Todos estos hechos determinarían la competencia de la Audiencia Nacional, al poder tratarse de "una defraudación que causa grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, con repercusión en la economía nacional y perjuicio a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia".

En el escrito de personación del administrador único de Gowex, éste se ofrecía a entregar voluntariamente su ordenador personal y su teléfono móvil. El auto requiere efectivamente su entrega y reconoce a José María de Pablo Hermida como representante legal de García Martín y a Icíar de la Peña como procuradora.