Esta cantidad posibilitará la realización de 11.000 cursos en los que participarán 400.000 empleados públicos.

Los planes de formación se repartirán de la siguiente manera: 87 para las administraciones locales, 38 para la Administración central del Estado y 12 para las comunidades autónomas.

Por otra parte, para las oranizaciones sindicales se aprobaron cuatro planes, por un importe total de 750 millones de pesetas.