Álvarez de Miranda compareció en la Cámara Baja a petición propia, después de que se hayan publicado en prensa varias informaciones sobre la entidad. Estas noticias se refieren, entre otras cosas, a la vinculación familiar entre empleados de este tribunal y a que se fraccionaron contratos, con lo que se evitaba el concurso público.

A este respecto, el presidente de esta institución se quejó de que estas noticias transmiten una “imagen equivocada” de la actuación de la entidad y del trabajo que hacen sus empleados.

En este sentido, Álvarez de Miranda negó que su institución haya fraccionado contratos, al tiempo que sostuvo que el límite para sacar obras a concurso son 50.000 y no 30.000 euros. Añadió que, respecto a las labores parciales de remodelación de su entidad que se han afrontado, “no existió un troceo justificado ni un fraccionamiento de una obra general”.

VINCULACIONES FAMILIARES

Además, se refirió a las informaciones relativas a la vinculación familiar de parte de los contratados por el Tribunal y afirmó que es cierto de que algunos de los trabajadores tienen “algún grado de vinculación” con otros, aunque sostuvo que cada caso es “singular”.

Añadió que las situaciones de estos empleados con vinculación familiar entre así son “heterogéneas” y la contratación de estas personas se ha producido en un lapso de treinta años.

A pesar de rechazar estas irregularidades internas, Álvarez Miranda anunció un “conjunto de medidas” para dotar de “•mayor transparencia” a todas las actuaciones de su entidad.

Así, respecto a las contrataciones, el presidente del Tribunal dijo que se incluirá en la web información relativa a los contratos menores, aunque el resto de datos generales ya podían conocerse a través de la página de Internet de esta entidad.

CONTROL EXTERNO

En cuanto a los empleados, Álvarez Miranda aseguró que se va a dar publicidad de la relación de puestos de trabajo en la página web y se va a congelar la incorporación de nuevo personal laboral. Además, se llevará a cabo una reforma de los procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos superiores de letrados y auditores y técnicos de auditoría y control externo”.

Además, se elaborarán unas “bases generales que regirán el acceso a estos cuerpos propios del tribunal en sucesivas ediciones” y de establecerán “criterios” para los tribunales de selección de personal, para evitar “cualquier apariencia de discrecionalidad”.

Al mismo tiempo, se va a dotar de trasparencia a todos los nombramientos dando publicidad al currículum del adjudicatario y se va a estudiar una posible modificación de puestos de trabajo para primar la designación por concurso frente a la libre designación. Por último, se va a someter al Tribunal a la revisión de su funcionamiento por parte de un “tercero externo”.