Según informó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en un comunicado, esta propuesta de regulación de los estudios comparativos “responde a las fuertes presiones de la industria alimentaria, que siempre se ha mostrado incómoda con los estudios y análisis comparativos realizados por esta organización”.

Además, la OCU indica que los estudios "independientes y objetivos" son "el único contrapunto que tienen los consumidores a la publicidad que realiza la industria".

La organización critica la normativa que prepara el Gobierno por considerar que “pretende dificultar y limitar el trabajo de las asociaciones de consumidores o de cualquier entidad que quiera hacer un estudio comparativo independiente”.

INFORMACIÓN VERAZ

El Ejecutivo, agrega, pretende que los test comparativos tengan los mismos requisitos que el control oficial de los alimentos, estableciendo unas obligaciones adicionales que la OCU considera “excesivas” y que a su juicio buscan “dificultar” y “desincentivar” estos análisis, “privando al consumidor de su derecho a una información veraz”.

Además, según la organización, el Gobierno pretende obligar a quien hace estudios y análisis comparativos a romper la confidencialidad sobre los laboratorios con los que trabaja, eliminando “la única manera de evitar las fuertes presiones que la industria alimentaria puede realizar sobre los mismos”.

Para la OCU, esta normativa supone una “clara discriminación” frente a la industria, ya que “es mucho más exigente con quien hace estudios comparativos de productos alimenticios que con quien los pone en el mercado o hace publicidad de los mismos”.

La organización anuncia que si la normativa se aprueba en sus términos actuales promoverá todas las acciones de movilización social, legales y judiciales necesarias para que el derecho a comunicar y recibir información veraz quede garantizado y no se vea obstaculizado.