Pese a esta objeción, en un nuevo dictamen sobre este proceso, el CCP señala que “tanto las fases ejecutadas como el diseño de la operación contenido en los pliegos analizados para la venta a través de la selección de inversores de referencia y la colocación a través de una Oferta Pública de Venta, se adaptan a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia.

Sobre el efecto de la reducción del porcentaje a privatizar, añade que “hay que suponer que podría ser poco significativo, ya que en el anterior diseño el Estado mantenía al menos el 40% del capital y seguiría siendo, con diferencia, el principal accionista de la compañía, sin desconocer que el Estado tiene en su mano la regulación del sector aeroportuario”.

“Todo ello implica que la influencia del Estado en la empresa hubiese sido también muy alta aun sin necesidad de contar con la mayoría”, prosigue el informe, que también prevé un efecto limitado en la concurrencia de la variación de los porcentajes máximos y del número de accionistas institucionales que pueden acudir al proceso.

En concreto, el tramo destinado a formar un núcleo estable de accionistas de referencia tendría un máximo del 21% del capital (frente a un máximo del 30% en la propuesta anteriormente analizada).

Al disminuir el porcentaje destinado a los accionistas de referencia se modifica tanto el número de accionistas de este tipo como los porcentajes que podrían adquirir. Así, se elegirá entre 2 y 4 accionistas de referencia (frente a los entre 3 y 5 de la versión anterior ) y el porcentaje que podría adquirir cada uno se sitúa entre un mínimo del 5% y un máximo del 7% (el máximo en la versión anterior se situaba en el 10%).

La entrada en el capital de estos accionistas estará condicionada a la admisión a negociación oficial de las acciones de Aena en las Bolsas de Valores españolas en un plazo de seis meses.

El nuevo dictamen analiza, además de los nuevos pliegos proporcionados por Aena para la selección de los accionistas estables, los pliegos para la selección de los coordinadores globales y a los asesores jurídicos de la OPV.

Esta actualización del informe se realiza con carácter previo a que el Consejo de Ministros formalice el procedimiento del actual proceso de privatización del gestor aeroportuario.