Así se refirió Ríos a la reforma del Código Penal español durante un encuentro en Servimedia, en el marco de su visita a España tras la petición de intervención por parte del Cermi a Naciones Unidas para evitar que la reforma del Código Penal varíe el régimen legal de las medidas de seguridad previstas para las personas consideradas inimputables por razón de discapacidad.

Ríos ha elaborado durante su estancia en España un informe, a título personal, sobre el impacto de la reforma en el colectivo de personas con discapacidad, del que se desprende que la actual modificación del Código Penal incumple muchos de los artículos recogidos en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para Ríos, el problema de fondo es “cómo entendemos el Derecho Penal en las sociedades contemporáneas”, ya que, insistió, el Derecho Penal conlleva una serie de garantías, "que se niegan a las personas con discapacidad intelectual" al no juzgarlas de manera igualitaria que al resto de ciudadanos.

En concreto, se refirió al régimen legal de las medidas de seguridad previstas para las personas consideradas inimputables por razón de discapacidad incluido en la reforma y explicó que el hecho de que exista la posibilidad de revisión de estas medidas cada cinco años “en función de una posible comisión de futuros delitos” impacta sobre “la garantía de reserva de ley”, porque “no se discute sobre la conducta del sujeto sino sobre el sujeto mismo”. Se trata, dijo, de un “derecho

penal de autor”.

ESTIGMATIZACIÓN

Además, Ríos señaló que la reforma tiene un impacto negativo en cuanto a la “estigmatización” de las personas con discapacidad “como sujetos peligrosos”.

Por su parte, a Raquel Cárcamo, miembro de la Junta Directiva de Feaps, le preocupa que el término "peligrosidad" se una a persona con discapacidad y rechaza el hecho de juzgar a un sujeto por su discapacidad y no por el delito cometido. “Dependiendo del juez quete toque, así será tu sentencia”, subrayó.

Asimismo, señaló que la reforma no tiene en cuenta varios artículos de la Convención de la ONU y subrayó que “es muy grave estigmatizar a una persona con discapacidad por el simple hecho de tener discapacidad”.

“Las personas sin discapacidad saben cuándo salen a la calle tras un condena y las personas con discapacidad no lo saben”, algo que “anímicamente afecta” a la persona recluida, puntualizó, en referencia a la posibilidad de revisar las medidas de seguridad cada cinco años.

Por su parte, Alberto Durán, secretario general del Cermi, mostró su malestar con la reforma del Código Penal. Según Durán, existe un clima de “cinismo” en la clase política española puesto que, en muchas ocasiones, “no es consecuente” con la Convención de la ONU ratificada por España.

En este sentido, Pilar Villarino, directora ejecutiva del Cermi, aseguró que la visita de Carlos Ríos supone un apoyo importante para el colectivo de personas con discapacidad, así como para los actores políticos y gubernamentales, y aseguró que el Cermi “seguirá reclamando un cambio de mentalidad en el ámbito penal” para que “no existan ciudadanos de primera y segunda clase”.

El presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) y vicepresidente del Cermi, José María Sánchez Monge, subrayó que “parece que las propuestas del colectivo se están tergiversando” desde el Ministerio, al tiempo que remarcó que “nadie puede valorar si una persona va a reincidir”.

Finalmente, Ana Peláez, comisionada de Género del Cermi, insistió en la posibilidad de acudir al mecanismo de desarrollo de comentarios generales de la ONU cuando los Estados parte aplican normas de forma contradictoria a la Convención.